En el intento por garantizar los derechos de indígenas y ribereños y de proteger el medio ambiente, más de 20 organizaciones sociales se unieron para solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) que impida el comienzo de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, pensada para ser construida en la región de la Vuelta Grande del río Xingú (PA). Este jueves (11), la OEA recibió el documento y debe, en breve, divulgar su decisión. La expectativa es que se pida la suspensión inmediata de Belo Monte.
La iniciativa fue promovida por el Movimiento Xingú Vivo para Siempre, junto con el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera (COIAB), Prelacía del Xingú, Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global y Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA), junto con otras, totalizando más de 20 organizaciones y movimientos sociales.
La intención es mostrar las ilegalidades que surgieron durante el proceso de licitación y reforzar los perjuicios que causará la construcción de la hidroeléctrica a las comunidades, principalmente indígenas y ribereñas. La petición también llama la atención sobre el hecho de que Brasil está infringiendo tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales es signatario.
«La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, es sólo uno de los tratados internacionales que Brasil está pasando por encima cuando decide construir Belo Monte sin realizar la consulta previa, libre y informada. Además, la construcción de la hidroeléctrica puede provocar inseguridad hídrica, perjudicar el medio ambiente y comprometer la salud de las poblaciones del Xingú», aseguró Roberta Amanajás, de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH).
Por éstos y otros motivos citados en la petición, las organizaciones solicitan a la OEA, con carácter de urgencia, la concesión de medidas cautelares para suspender el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto. La iniciativa busca proteger a comunidades que viven a la vera del río Xingú, entre ellas las de Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas.
Existe la posibilidad concreta de que la OEA conceda medidas cautelares para suspender la obra, pues la Organización ya procedió así en otros casos, como en el de la construcción de la usina hidroeléctrica Chan 75, en Panamá (2009). La obra estaba promoviendo el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y fue detenida.
De acuerdo con Roberta, la OEA no ofreció un plazo para la divulgación de la decisión, sin embargo, se espera que el resultado salga con presteza, ya que la cuestión es urgente. Con la liberación de un resultado positivo, todas las licencias liberadas para el comienzo de las obras se considerarán ilegales en el ámbito internacional.
En lo que respecta a la esfera de Brasil, también es imposible otorgar de manera legal cualquier licencia para el comienzo de las obras, ya que las 40 condicionantes de validez de la Licencia Previa y las 26 condicionantes indígenas, establecidas en el parecer Técnico de la Fundación Nacional del Indio – Funai, no fueron cumplidas en su totalidad.
Por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la OEA pedirá esclarecimientos inmediatos al Estado brasilero para, sólo después de una evaluación, emitir su decisión. Según informaciones del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, en el caso que las medidas cautelares se aprueben, el Gobierno Federal deberá cumplir las exigencias impuestas por la CIDH en su resolución.
Natasha Pitts *
Adital –
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